El historiador y Coronel del Ejército Español, Amadeo Martínez Inglés, acusa formalmente al Rey Juan Carlos I de organizar el golpe de estado del 23-F

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El historiador y Coronel del Ejército Español, Amadeo Martínez Inglés, acusa formalmente al Rey Juan Carlos I de organizar el golpe de estado del 23-F

Mensaje  seronoser el Lun Feb 22, 2010 8:22 pm

http://www.kaosenlared.net/noticia/23-f-patrana-nacional-rey-debe-asumir-responsabilidades

Ha costado casi tres décadas pero al final la verdad, como no podía ser de otro modo, ha saltado a la luz con fuerza inusitada (de momento, solo a través de los no censurados canales informativos de la red) una vez que el secreto mejor guardado de la transición, la muy reservada directiva golpista de la cúpula militar española de los años ochenta clasificada como “Máximo Secreto” y que contemplaba la madrugada del 2 de mayo de 1981 como siniestro punto de partida de un nuevo “Alzamiento Nacional”, la desconocida hasta hace muy pocos días “Operación Móstoles”, la técnicamente conocida por sus planificadores y valedores como DIPLANE (Directiva de Planeamiento Estratégico) CGA-02M-81 de la Capitanía General de Aragón y con “poder operativo real” sobre el 80% del conjunto de las FAS españolas de la época… está ya a disposición de todos los españoles.

Sí, así es, a día de hoy, cuando se cumple el vigésimo noveno aniversario del famoso y mediático 23-F, acaba de desvelarse el último de sus secretos y ya se sabe a ciencia cierta cual fue la razón última (y única) de que en España se desarrollara, en la tarde/noche de aquél tragicómico día 23 de febrero de 1981, una de las mayores y chapuceras maniobras político-militares que recuerda la historia de este país: contra el orden establecido, contra la propia Constitución española, contra sus leyes y contra la pacífica convivencia de todos sus ciudadanos. Y a cargo, precisamente (aunque la verdad durante todo este tiempo ha permanecido escondida tras las amplias bambalinas mediáticas del sistema) de la más alta autoridad institucional que debía garantizar todo lo anterior: el jefe del Estado español a título de rey, Juan Carlos de Borbón.

Sí, sí, amigos, nos han estando engañando durante casi treinta años (cortesanos, periodistas, políticos y pelotas de la muy rancia monarquía de derecho franquista que todavía “disfrutamos”) a los ciudadanos de este país en relación con el 23-F, haciendo pasar por un rey valentón, salvador de la democracia y defensor de los derechos y libertades de todos sus súbditos a un señor (con corona eso, sí) que, en realidad, fue el impulsor, el coordinador y el máximo responsable de aquella mal llamada “intentona militar involucionista”. Y es ahora, tras 29 años de silencio culpable por parte de los poderes públicos en los que nos hemos tenido que tragar historietas falsas sobre “el bueno y gran Borbón” que nos salvó a todos los españoles de Tejero y los suyos, y hasta series televisivas hagiográficas y repugnantes por parte de TVE, cuando por fin se puede demostrar con pruebas irrefutables provenientes del ámbito militar que este monarca sin par, Juan Carlos I, demócrata, valeroso, enviado por Dios cual nuevo Santiago matamoros para salvar in extremis a la siempre cristiana España, fue en realidad quien, víctima de un agudo ataque de miedo insuperable ante lo que se le venía encima en la emblemática fecha del 2 de mayo de ese fatídico 1981 por cuenta de sus antiguos subordinados (los generales franquistas) que querían su cabeza por traidor a su generalísimo, se permitió dar luz verde a sus validos y cortesanos militares para que pusieran en marcha el contragolpe blando y palaciego que recondujera la difícil situación… o sea, el 23-F que todos conocemos.

Y ahora, sabiendo lo que ya sabemos, solo nos queda a los españoles, en el vigésimo noveno aniversario de aquella charlotada “made in Zarzuela”, el recurso de pedirle cuentas, muy claras y precisas, a nuestro querido rey “salvador” de antaño. Porque, de entrada, y a poco que estudiemos someramente la documentación que sobre el 23-F y la “Conspiración de mayo” de los generales franquistas que lo propició corre como la pólvora estos últimos días por la red, queda meridianamente claro para cualquiera que el todavía jefe del Estado español (a título de rey) cometió ese infausto día, entre otros, presuntos (pero que muy presuntos) delitos de golpismo, traición y cobardía. Sí, sí, tres y a cual peor. Aclaremos un poco la cuestión para los no iniciados en estos chanchullos borbónicos. Veamos:

El ciudadano Borbón (rey de España sí, pero por la gracia de Franco), cometió en primer lugar un presunto delito de golpismo. Siempre estuvo muy claro para los pocos, poquísimos, investigadores que llevamos décadas estudiando aquella su subterránea apuesta palaciega del 23 de febrero de 1981, que la máxima responsabilidad de tan demencial maniobra político-militar-institucional debía recaer en su regia figura. Y existían (y existen) tantas pruebas y tan abundantes indicios racionales de esa culpabilidad que alguno de esos investigadores (no miro a nadie), inasequible al desaliento y luchando a brazo partido contra el omnímodo poder del sistema, se ha permitido trasladarlas repetidas veces a las más altas instituciones del Estado español, Cortes Generales incluidas; para que la verdad de lo sucedido hace ahora 29 años pudiera salir a la luz y fuera conocida en toda su extraordinaria gravedad por el pueblo español. Ahora, tras la salida a la opinión pública del secreto militar tan celosamente guardado durante treinta años en lo más recóndito del estamento castrense, la cosa no admite ya ninguna duda y al campechano y golpista Borbón de nuestra historia no le quedará más remedio, más pronto que tarde, que asumir su errores con todas las consecuencias.

En segundo lugar, el coronado sujeto que preside el organigrama político español, deberá asumir también algún día con todas las consecuencias la perversa traición que cometió con sus leales subordinados, colaboradores y validos militares (los generales Armada y Milans) al abandonarles a su suerte tras la absurda mascarada de Tejero; después de llamarles repetidas veces desleales, miserables y golpistas y patrocinando un absurdo juicio militar en Campamento (Madrid) que, además de salvar sus claras responsabilidades personales como supremo valedor de la desgraciada intentona político-militar puesta en escena por Tejero, corroborara la injusta clasificación de ambos altos militares como “cabezas de turco” institucionales y los enviara a prisión por treinta años sin las más elementales garantías jurídicas y de defensa.

Y por último, tras las últimas informaciones aparecidas sobre el 23-F y sus prolegómenos políticos y militares, queda también meridianamente diáfano que el monarca español, presunto héroe de aquella estrafalaria asonada, hizo gala de una cobardía sin límites a lo largo de todo su desarrollo refugiándose permanentemente en el egoísmo más brutal, en la vanidad más escandalosa y en el más absoluto desprecio por el pueblo español al que puso, con su insano proceder, al borde de una nueva guerra civil. Todo por salvar como fuera su preciada corona.

Todos los hechos históricamente relevantes en un país, hasta los más despreciables como las guerras y los golpes de Estado, tienen sus reglas y, si se permite la ironía en un caso como éste, su “deontología profesional”. Y si en un golpe de Estado o en cualquier otra acción ilegal contra la patria, un líder político o militar (y no digamos un rey inviolable, cuasi divino) se ve abocado a cambiar sus planes, sus indeseables proyectos, para reconducir su ilegal operativo e, incluso, para sobrevivir a su crimen, no puede ni debe abandonar a sus subordinados sin asumir sus responsabilidades, aunque solo sea a título intimo y personal. Y menos aún traicionarles públicamente, insultarles y enviarles a galeras por muchos años.

Prácticamente en ningún país de este violento mundo, ni el más descerebrado de los golpistas castrenses en una acción contra el Estado ni el más sanguinario de los generales carniceros en una cruenta guerra, osaría, saltándose a la torera una norma “ética” no escrita en reglamento militar alguno pero respetada hasta el sacrificio por cualquier jefe u oficial con mando, tachar de traidores y desleales a unos subordinados que, cumpliendo órdenes suyas, se han sacrificado y puesto en juego sus carreras y sus vidas.

Lamentable, desde luego, la actuación del rey Juan Carlos I en la larga noche del 23-F. Aunque alguien podría decir al respecto: “Así han obrado la mayoría de los reyes españoles durante siglos”. Y es verdad. Pero esos reyes casi siempre acabaron, aunque la historia no lo recogiera, con el infamante apellido de “rey felón” grabado a fuego sobre su regia corona. Y, además, ninguno, que yo sepa, tuvo la desfachatez y la caradura de reclamarse demócrata y salvador de los derechos y libertades de sus súbditos.

Golpista, traidor y cobarde. Tristes sambenitos para nuestro antes “muy amado” (ahora muchos españoles lo reciben con gritos e insultos) y envejecido Juan Carlos I que, sin embargo, logró salvar su corona y su figura el 23-F. Pues esta es la verdad, amigos, y así acabará pasando a la historia, pese a quien pese. Aunque TVE, siguiendo órdenes de La Zarzuela, nos siga dando la lata año tras año con su matraca oficialista: “El día más largo del rey...” Y, también, queridos pelotas de la televisión pública, el más despreciable y culpable de su ya largo reinado, a pesar de que al final, traiciona que te traiciona, se saliera con la suya. Por cierto ¡Anda que no pasó miedo ese recordado día el puñetero Juanito de nuestra historia, llorando a moco tendido en brazos de su “santa griega” y del bueno de don Sabino! Pero hay que reconocer que aguantó el tipo el muy c… Y es que tiene una cara que se la pisa.
Coronel. Escritor. Historiador


AL Excmo Sr. Presidente del Congreso de los diputados de las Cortes Españolas

Don Amadeo Martínez Inglés, coronel del Ejército, escritor e historiador militar, se dirige a VE y a la Cámara que preside con arreglo a lo que dispone el artículo 77.1 de la Constitución española manifestándole lo siguiente:


Con fecha 23 de septiembre de 2005, y con arreglo a cuanto dispone el artículo 77.1 de la Constitución española, remití al presidente de esa Cámara un exhaustivo Informe (40 páginas) sobre los hechos acaecidos en España en la tarde/noche del 23 de febrero de 1981 (popularmente conocidos como la “intentona involucionista del 23-F”) en el que, después de una larga investigación de más de veinte años, presentaba toda una serie de indicios racionales que apuntaban a que el rey Juan Carlos I fue el máximo responsable de su planificación, coordinación, preparación y ejecución. En consecuencia le solicitaba la creación de una Comisión de Investigación, conforme a lo que establece el artículo 76.1 de la Carta Magna, que estudiara, investigara y analizara tan deleznable episodio de la reciente historia de España y depurara las responsabilidades (políticas e históricas, preferentemente) en las que pudo incurrir el monarca español.

En enero de 2006, cuatro meses después del envío del Informe al presidente del Congreso de los Diputados y dada la nula respuesta de éste al mismo, decidí enviar el prolijo documento al presidente del Senado, al del Gobierno de la nación y a los de las más altas instituciones del Estado: Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado…etc, etc.

Al no obtener ninguna respuesta de esas preeminentes instituciones del Estado (a excepción del Senado que acusó recibo a través de la Comisión de peticiones de esa Cámara), un año después, con fecha 23 de febrero de 2007, presenté personalmente en la sede del Congreso de los Diputados el mismo Informe solicitando de nuevo la creación de una Comisión que investigara el supuesto golpe de Estado del 23-F; visto, además, lo ocurrido en esa Cámara el día 23 de febrero del año anterior, fecha en que se cumplía el vigésimo quinto aniversario de tan desgraciado evento, al rechazar de plano algunos grupos parlamentarios la nota institucional que pretendía difundir su presidente y que, como venía siendo costumbre en los últimos años, señalaba al rey Juan Carlos como supremo y único “salvador de la democracia y las libertades del pueblo español” puestas en peligro por el golpista Tejero.

Como consecuencia de todo lo anterior y consciente de que ni el Congreso de los Diputados, con su señor presidente al frente, ni el resto de autoridades a las que había dirigido el documento se iban a molestar en acusar recibo del mismo decidí, en febrero de 2008, publicar todas mis investigaciones sobre el rey Juan Carlos en forma de libro (“Juan Carlos I, el último Borbón”), un extenso trabajo sobre la vida del monarca español en el que analizo, después de muchos años de estudio y dedicación, no sólo el ya comentado asunto del 23-F sino algunas de las numerosas y graves irregularidades políticas, militares, familiares, económicas… que ha protagonizado a lo largo de sus tres décadas largas de reinado. Muchas de estas irregularidades son, obviamente, presuntos y graves delitos que no deben quedar escondidos, de ninguna de las maneras, bajo la alfombra de la historia.

El 4 de abril de 2008, tras las elecciones de 9 de marzo y constituidas las nuevas Cortes Generales salidas de la voluntad popular, me dirigí por primera vez a VE como presidente del Congreso de los Diputados para, en virtud de lo que contempla el ya citado artículo 77.1 de la Carta Magna española, exigir la creación de la ya repetidas veces solicitada Comisión parlamentaria que procediera de inmediato a estudiar e investigar las muy claras responsabilidades del monarca español en los hechos que le denunciaba, y que son los siguientes:

1º.- La llamada durante años “intentona involucionista del 23-F” y que en realidad no fue tal sino una chapucera maniobra borbónica de altos vuelos, al margen de la Constitución y de las leyes, para cambiar el Gobierno legítimo de la nación en provecho de la Corona.

2º.- La creación y organización de los autoproclamados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), compuestos por determinados estamentos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ejército (de los que el monarca español tuvo conocimiento antes de que empezaran a actuar a través de documentos reservados del CESID) y que cometieron, con métodos expeditivos criminales, por lo menos veintiocho asesinatos de Estado y un secuestro.

3º.- El sorprendente y rápido enriquecimiento de su familia (en treinta años ha pasado de la indigencia más absoluta a disponer de una de las mayores fortunas de Europa, según informaciones de toda solvencia que no han sido desmentidas por La Zarzuela).

4º.- La aceptación continuada de regalos y donaciones por parte de particulares (yates, coches…) que lógicamente harían los interesados persiguiendo algo a cambio.

5º.- Los pagos con fondos reservados de Presidencia del Gobierno y de los ministerios de Defensa e Interior para enfrentar el chantaje de determinada vedette del espectáculo español, que disponía de comprometedores vídeos sexuales con el rey Juan Carlos.

6º.- La desgraciada muerte del infante D. Alfonso de Borbón en “Villa Giralda” (residencia de los condes de Barcelona en Estoril) el 29 de marzo de 1956 y que al hilo de los análisis profesionales incluidos en el trabajo de referencia dejan bastante claro que el supuesto accidente pudo ser en realidad un fratricidio premeditado.



El 8 de octubre de 2008, me dirigí por segunda vez a VE adjuntándole un informe sobre la anómala actuación del monarca español (entonces príncipe de España y a cargo interinamente de la jefatura del Estado español) en relación con la entrega a Marruecos, en noviembre de 1975, de la antigua provincia española del Sahara Occidental. Del que se desprende que, con arreglo a testimonios e investigaciones históricas de toda solvencia, Juan Carlos de Borbón pudo cometer presuntos delitos de alta traición, cobardía ante el enemigo y genocidio del pueblo saharaui, en grado de colaboración necesaria.

Con fecha 2 de marzo de 2009, y con casi un año de retraso, recibí por fin el correspondiente acuse de recibo al primero de mis escritos dirigido a su autoridad, firmado por la jefa del Departamento de Registro y Distribución de Documentos del Congreso de los Diputados, en el que me comunicaba que el citado documento había tenido entrada en esa Cámara y que había sido trasladado a la Comisión de Peticiones de la misma para “su oportuno estudio y tramitación”.

En diciembre de 2009, diez meses después de que me llegara la notificación señalada en el apartado anterior, vista la escasa premura con la que se había desempeñado la siempre laboriosa Cámara Baja de las Cortes Españolas en el tema del acuse de recibo a mi escrito de denuncia del rey y ante las puertas de lo que VE ha denominado públicamente como “período hábil entre sesiones” y para el resto de los mortales no dejan de ser unas descomunales vacaciones de Navidad y año Nuevo (48 días), con el peligro añadido de que pasaran decenios antes de que volviera a saber algo de ese “oportuno estudio y tramitación” por parte de la Comisión de Peticiones del Congreso…decidí dar un paso más en la, sin duda, ardua tarea profesional que yo mismo me he impuesto dando a conocer al pueblo español, a través de un nuevo libro (“La Conspiración de mayo”), las últimas y sorprendentes revelaciones sobre el 23-F que obraban en mi poder tras muchos años de investigaciones en lo más reservado del estamento militar. Y que aclaran de una forma definitiva, radical, irrefutable… las tramas, los contubernios y los espurios pactos que jalonaron la larga planificación, preparación y ejecución de tan desgraciado evento de nuestra historia reciente. Revelaciones inéditas que, ingenuamente, venía reservando como oro en paño para ponerlas a disposición de sus señorías cuando de verdad quisieran depurar las altas responsabilidades que a día de hoy, y en relación con ese falso golpe militar, apuntan indefectiblemente hacia la borbónica figura del todavía “rey de todos los españoles”.

Algo debía hacer, sin duda, a título personal, ante la pasividad culpable de la Cámara que VE preside que, resulta meridianamente claro, ha elegido el inconveniente camino del silencio administrativo, el mirar para otro lado y el marear la perdiz ante las gravísimas y reiterativas denuncias presentadas por un ciudadano español contra el actual jefe del Estado; efectuadas, eso sí, tras muchos años de investigación y apoyadas, además, en irrefutables indicios racionales de culpabilidad del mismo en presuntos delitos de golpismo, terrorismo de Estado, malversación de fondos públicos, corrupción… etc, etc. Y ese algo debía ser el sacar a la luz pública, el desvelar por primera vez a los medios de comunicación y a la sociedad española en general uno de los misterios mejor guardados de la transición española, un absoluto secreto militar dormido durante décadas en las entrañas del “gran mudo” castrense español, presentando como nació, se preparó, estudió y organizó el golpe duro “a la turca”, la gran apuesta golpista denominada “Operación Móstoles” dentro de un movimiento militar (un nuevo “Alzamiento Nacional”) de corte franquista que, preparado para ponerse en marcha en la madrugada del 2 de mayo de 1981, hubiera podido conducir al país a una nueva guerra civil. Y para desmontar el cual, saltándose a la torera la Constitución y las leyes, el rey de España no dudó en dar el placet a sus generales cortesanos (Armada y Milans) para que planificaran y ejecutaran, en estrecho contacto con los principales partidos políticos del arco parlamentario español, la chapucera maniobra político-militar-institucional que inmediatamente sería conocida en España y en todo el mundo como el “golpe involucionista del 23-F”.

Señor presidente del Congreso de los Diputados: En poder ya del pueblo soberano mis últimas investigaciones sobre el 23-F y con ellas el secreto mejor guardado del Ejército español en relación con la trama que lo hizo posible y, por lo tanto, a disposición de las Cortes españolas que pueden conocer de primera mano como se fraguó uno de los hechos más controvertidos de la reciente historia de este país, y con mi ofrecimiento más leal para que tanto el Congreso de los Diputados como el Senado puedan recibir toda la información complementaria que precisen sobre tan importante asunto, me permito solicitar de VE lo siguiente:

Que con arreglo a lo que contempla el artículo 76.1 de la Constitución española, y puesto que ni puede ni debe ser asumido por el pueblo español y sus instituciones el lamentable hecho de que la jefatura del Estado esté ocupada por un presunto delincuente culpable de delitos de golpismo y terrorismo de Estado, se constituya con urgencia en la Cámara que VE preside una Comisión de Investigación que depure las responsabilidades del actual rey de España, Juan Carlos I; tanto en los hechos acaecidos en este país en la tarde/noche del 23 de febrero de 1981 (denominados indebidamente desde entonces por los poderes públicos como “intentona involucionista a cargo de militares y guardias civiles nostálgicos del anterior régimen”) como en los ocurridos entre los años 1983-1986 relacionados con la guerra sucia contra ETA (28 asesinatos y 1 secuestro) a cargo de mercenarios y miembros de los CFSE y del Ejército. Así como en aquellas otras actividades presuntamente delictivas en las que haya podido intervenir o conocer el actual monarca español y que se presentan, estudian y valoran en los periódicos informes que este historiador se ha permitido enviar a las Cortes españolas.

Y como incuestionable corolario, ante la gravedad de los delitos presuntamente cometidos por Juan Carlos de Borbón tanto en el desempeño de sus atribuciones constitucionales como en aquellas otras que manifiestamente no lo eran o atentaban contra ella, se proceda por el Congreso de los Diputados (máxima representación del poder soberano del pueblo español y única institución nacional que pude hacerlo constitucionalmente) a iniciar los trámites oportunos y urgentes para que las Cortes españolas, de acuerdo a lo que recoge el artículo 59.2 de la Carta Magna, puedan “reconocer la inhabilitación” del actual rey de España, Juan Carlos I, para seguir ostentando la jefatura del Estado español a título de rey.

Sin perjuicio de las responsabilidades de todo tipo (incluidas las penales) que en un Estado verdaderamente democrático y de derecho, en el que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, podrían serle atribuidas en el futuro al ciudadano Borbón y que, vuelvo a repetirle una vez más, señor presidente del Congreso, tienen que ver con gravísimos, y de momento presuntos, delitos de golpismo, terrorismo de Estado, malversación de fondos públicos, fratricidio premeditado, corrupción… etc, etc.

Y por último, señor presidente del Congreso de los Diputados, si la Cámara que VE preside piensa seguir despreciando y obviando mis denuncias como ha venido haciendo estos últimos cinco años o hibernándolas a perpetuidad (para estudio y tramitación) en la Comisión de Peticiones de la misma, como ha hecho en los últimos diez meses y parece ser quiere seguir haciendo en el futuro, le ruego me comunique oficialmente ante que autoridad de este país, y en que forma, debo formularlas a partir de ahora. Porque, desde luego, el historiador militar que suscribe no va a renunciar en absoluto a que el pueblo español sepa, clara y contundentemente, que clase de “salvador de la democracia” ocupa la jefatura del Estado y, además, está convencido de que, aunque la sacrosanta Constitución del 78 especifica con rotundidad manifiesta que este hombre (o dios), el rey, es inviolable e irresponsable ante la justicia de los hombres (esperemos que ante la divina, no), algún mecanismo debe existir en un Estado democrático y de derecho como se supone es el español de hoy, para poder sentarlo en el banquillo si se demuestra que ha cometido delitos execrables.

Mecanismos democráticos, como los puestos en marcha recientemente en un país en vías de desarrollo y, en teoría, menos respetuoso que España con los parámetros propios de un Estado de derecho como es Perú, en el que se acaba de condenar nada menos que a veinticinco años de prisión al ex presidente Alberto Fujimori, por unos delitos prácticamente iguales a los presuntamente cometidos por el rey Juan Carlos I en la década de los ochenta del siglo pasado: golpismo y terrorismo de Estado.

Porque, de no ser así, señor presidente del Congreso de los Diputados, si el actual jefe del Estado español (a título de rey por deseo testicular del dictador Franco; asquerosa eyaculación política que, sin embargo, aceptó sin rechistar la aborregada y cobarde ciudadanía de la época con sus dirigentes políticos a la cabeza) está por encima de las leyes y de la justicia de los hombres, dígame en que se diferencia VE de, por ejemplo, el antiguo presidente de las Cortes franquistas y del Consejo del reino, el falangista Rodríguez de Valcárcel. Ante quien, por cierto, el 22 de noviembre de 1975 juró fidelidad a los principios fundamentales del Estado fascista salido de julio de 1936, el actual rey de España, Juan Carlos I, el último Borbón.
Firmo el presente escrito en Alcalá de Henares a 16 de febrero de 2010

Juan Carlos de Borbón y Borbón, heredero de Franco y jefe del Estado español a título de rey desde noviembre de 1975, el “Fujimori” español, el presunto golpista de alto estanding (lo de “presunto” no deja de ser una piadosa concesión personal al Estado de derecho en el que teóricamente nos desenvolvemos los ciudadanos españoles en espera de que el Congreso de los Diputados, que ya ha recibido la correspondiente denuncia, ose pronunciarse al respecto) que el 23 de febrero de 1981, sentando con ello un perverso precedente histórico que no dudaría en aprovechar once años después el ahora condenado ex presidente de Perú apodado “el chino”, patrocinó una oscura, chapucera, ilegal y anticonstitucional maniobra palaciega, un auténtico autogolpe de Estado, con el fin de asegurar su preciada corona, será recibido y agasajado el próximo 17 de febrero en Washington por el “emperador” Obama. Escasos días después de que la derecha meapilas norteamericana, el lobby espiritual denominado “La Familia”, en el pomposo “Desayuno Nacional de Oración” y con la aquiescencia del mediático inquilino de la Casa Blanca, haya obligado a confesarse de todos sus pecados y a introducirse públicamente en el controvertido escenario bíblico al antes agnóstico, rojo, feminista, republicano, progre, atrapacuras, látigo de los obispos y sobre todo socialista, jefe del Ejecutivo español, señor Rodríguez Zapatero.

O sea, centrándonos en el evento del próximo día 17 de febrero (los ejercicios espirituales de ZP en el Hilton de Washington ya han pasado a los anales de las especiales y muy controvertidas relaciones España-USA) nos encontramos, a punto de cumplirse el vigésimo noveno aniversario de aquél evento tan traumático para los españoles como fue el 23-F, con el siguiente pútrido escenario internacional: el comandante supremo del Occidente civilizado, el gurú de los demócratas de todo el mundo, el flamante Premio Nóbel de la Paz, el centinela universal de los derechos humanos, el cerrojo de Guantánamo, el gran humanitario de Haití, el hombre de color (solo “bronceado” para el premier Berlusconi) designado por Dios para defender al hombre blanco del perverso Islam (a golpe de marines, naturalmente)… va a ser el anfitrión, el valedor, el sonriente compañero fotográfico de un jefe de Estado como el español que no disfruta de ninguna credibilidad democrática, heredero de uno de los dictadores más sanguinarios del siglo XX (del que recibió su espuria “legitimidad real”), que juró ante los Evangelios respetar y defender los principios y las leyes del fascismo “made in Spain” institucionalizado durante cuarenta años por su siniestro mentor y que, al igual que haría años después en el Perú el presidente Alberto Fujimori (recientemente condenado por la justicia de su país a 25 años de prisión), se permitiría organizar en España su particular autogolpe de Estado y sus expeditivos batallones de la muerte. El primero (el 23-F), para acabar con los militares radicales de la extrema derecha que ansiaban su caída por haber traicionado a su generalísimo; y los segundos, para desmantelar a través de la guerra sucia y de los crímenes de Estado la organización separatista ETA.

Insisto, el emperador de Occidente, el gendarme unipolar, la gran esperanza tornasolada de una civilización en crisis global, va a dar su respaldo moral, con esta visita, a

- un monarca como el español que, como acabo de señalar, adoptando la misma artera disposición que haría suya un par de lustros después el inefable “chino” peruano, dejaría hacer a sus generales de despacho (Armada y Milans) para que salvaran su corona como fuera, pasándose la Constitución (la suya) y las leyes (las españolas) por el arco del triunfo; y un par de años después miraría para otro lado, se taparía su robusta nariz y pondría su dedo gordo de la mano derecha mirando al infierno cuando, en 1983, los servicios secretos militares propusieron al Estado español, a través de la ya muy conocida en medios políticos y judiciales como “Acta fundacional de los GAL” (que recibió, además de su regia persona, el Gobierno en pleno y la cúpula militar) el inicio de la guerra sucia contra ETA; con el consabido corolario de asesinatos (28, de momento) y secuestros (1, que se sepa).

- un primer mandatario de la nación española que en los últimos 30 años ha pasado, de estar permanentemente con una mano delante y la otra detrás, a ser poseedor de una de las mayores fortunas personales de España, Europa y el mundo; pelotazo financiero, milagro institucional conseguido, además, con un “modesto” sueldo medio anual de 6 millones de euros.

- un apasionado gentleman con corona que se ha permitido dilapidar, un año tras otro, una parte substancial de los fondos reservados que este país dedica a la lucha contra el terrorismo, la seguridad nacional y el narcotráfico, en pagos irregulares para neutralizar los chantajes sexuales a los que le sometió una de sus numerosas amantes; que tuvo la inteligente previsión de filmar subrepticiamente las francachelas regias a las que la sometía su apasionado partenaire.

- un militar de alto copete (aunque de pega) que, a sus 18 años, siendo veterano cadete del Ejército español por deseo testicular de su amado generalísimo Franco y experto por lo tanto en el uso y manejo de toda clase de armas portátiles, mató en el año 1956 de un certero disparo en la cabeza a su hermano D. Alfonso de Borbón, mucho más inteligente que él y al que su padre, el conde de Barcelona, pretendía cederle sus derechos dinásticos. Sin que la Justicia, hasta el momento, se haya permitido decir nada sobre semejante homicidio y posible fratricidio premeditado.

- un campechano “dictador en la sombra” que, con el señuelo de traer derechos y libertades a unos súbditos que jamás lo eligieron para el alto puesto que ocupa, no ha tenido ningún reparo en convertir durante los últimos treinta años la finca celtibérica que le regaló su genocida protector (España) en su cortijo particular, en su finca de recreo, en su país de las maravillas, en su picadero regio… reinando (y gobernando a placer entre bambalinas) sobre un país asustado, dócil hasta la nausea, y con el trauma permanente de una férrea dictadura militar de 40 años.

Sin duda muchos españoles de buena fe, de los llamados “de a pie”, pensarán que una visita protocolaria como ésta, inmersa en la cortesía diplomática internacional y que forma parte del tradicional vasallaje que “el rey de todos los españoles” ha venido rindiendo todos estos años a los sucesivos emperadores USA, no debería suscitar una especial atención ni para el común de los mortales radicado en este país (que bastante tiene el pobre con nadar veinticuatro horas al día contra la corriente de la feroz crisis que le empuja al precipicio) ni para cualquier periodista o analista político que se precie. Enfrascados estos últimos meses en la ardua tarea de debatir el negro horizonte electoral del presidente Zapatero, el paro desorbitado, el futuro de las pensiones, los taconazos futbolísticos o los ex abruptos barriobajeros de la sargento/presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero un malintencionado historiador o un perverso escritor como el que suscribe no podía dejar de aprovechar la ocasión (estamos a muy pocos días del 29 aniversario del “tejerazo” o mejor dicho del “borbonazo”) para bautizar tan (en teoría) inocuo “rendez vous” diplomático entre el rey de España y el presidente norteamericano, como el de “el golpista y el emperador”. Porque, desde luego, así es y así debe pasar a la historia.

Y digo inocuo en teoría porque el trasfondo real de tan estúpido encuentro Obama-Borbón no lo es en absoluto. ¡Qué mundo este del Occidente civilizado, de los derechos humanos, del TPI (Tribunal Penal Internacional) y de la justicia universal promovida por el inefable justiciero español y conferenciante de lujo “Garzonator”! Con más varas de medir conductas descarriadas que amapolas tiene el campo en primavera. Veamos. En un caso, en el del peruano Alberto Fujimori, alias el chino (y estamos hablando de un país en vías de desarrollo y con su credibilidad democrática manifiestamente mejorable) se juzga a un ex primer magistrado de la nación (con toda la razón por supuesto) por auto golpista y terrorista de Estado (25 asesinatos y 2 secuestros) y, sin embargo, en otro muy similar, casi idéntico, esta vez en la demócrata, europea, avanzada, cristiana y desarrollada España, el presunto auto golpista y asimismo terrorista de Estado (28 asesinatos y 1 secuestro), el malversador de fondos públicos, el fratricida, el corrupto (ha recibido y recibe yates, coches de lujo, palacios, fincas y…hasta herencias, de particulares), el hombre de pésima catadura moral que, como ha sido norma por otra parte en todos sus regios predecesores, lleva ejerciendo de “golfo institucional” más de treinta años… no solo sigue ahí en su poltrona del palacio de La Zarzuela, inviolable, irresponsable, ajeno a cualquier cuenta con la justicia sino que, además, es recibido con todos los honores por el amo del mundo, por el presidente norteamericano, en el “sancta santorum” de su poder, en el Partenón yanqui, en el lugar sagrado donde reposa el poderoso maletín nuclear que puede mandarnos a todos los mortales, en cuestión de segundos, a freír puñetas.



Desde luego, este príncipe de la paz, este primer emperador “bronceado” que ha tenido el mundo (el occidental, pues el otro obedece sin tapujos a Bin Laden), este comandante en jefe de las fuerzas globales que, según su propia confesión, “hace la guerra (dos mejor que una) para asegurar la paz mundial”, este escurrido mesías que encandila a las masas con su fácil verbo de predicador visionario… debería seleccionar mejor a sus invitados institucionales. Si el Fujimori ese (el de verdad, el peruano, el chino, don Alberto) resultó ser un golpista de salón y un terrorista de Estado de vía estrecha y, en consecuencia, con la inestimable colaboración de la CIA (que en noviembre de 2005 lo llevó con engaños de su exilio dorado en Japón a Chile), fue juzgado y condenado nada menos que a 25 años de prisión, debería obrar de igual forma ante casos similares y en lugar de invitar a su casa al “Fujimori borbónico” que le va a visitar dentro de muy pocos días y, puesto que en España la justicia es impotente constitucionalmente para llevarlo ante los tribunales, sentar las bases (echando avispas en sus intimidades a los sabuesos de la CIA especializados en estas cuestiones) para que el TPI pueda conocer, entender y juzgar sus andanzas golpistas y terroristas. Lo de perseguir a Bin Laden contra viento y marea por los secarrales paquistaníes está bien, aunque alguien deberá pagar algún día por los centenares de miles de muertos iraquíes y afganos que se ha llevado por delante tamaña persecución global, pero resulta meridianamente claro que también existen otros delincuentes occidentales en muy altos puestos de sus respectivos escalafones nacionales, sin barba y sin túnica pero seguramente con más poder y más mala leche, que se merecen atención y castigo. Por sus crímenes de lesa humanidad, mayormente.

Los españoles, señor Obama, señor emperador del orbe civilizado, somos la mayoría republicanos aunque solo lo manifestemos en la intimidad de nuestra cobardía personal, y en estos momentos, aún cuando permanezcamos calladitos y quietecitos como solemos hacer históricamente hasta que algún alcalde pueblerino nos echa al monte con su proclamas patrioteras, estamos hasta los mismísimos de todo lo que nos rodea: del monarca golferas que nos metió el dictador Franco a frotamiento duro en 1975; de la modélica transición (que no ha tenido nada de modélica ni ha sido verdadera transición) que parieron al alimón franquistas y monárquicos; de la rueda de molino denominada Constitución de 1978 que tuvo que tragarse el pueblo español a golpe de propaganda y miedo; del actual Estado de las autonomías (un federalismo vergonzante “made in Spain”) que nos está arruinando y enfrentando; de los políticos (y políticas) analfabetos que se apuntan a las listas cerradas de los partidos para sentarse en el Congreso, cobrar un buen sueldo y poder aspirar mejor al clásico pelotazo financiero; de la crisis económica que corroe a este pueblo más que a otros, muy mal gestionada por los estúpidos e indocumentados que nos gobiernan, y que ya ha lanzado a millones de españoles a las colas del hambre; del veleta y católico sobrevenido ZP, que lleva años ejerciendo de zombi presidencial, mentiroso compulsivo y alocado jefe de Ejecutivo; y, también, del soseras que aspira a reemplazarle cuando este país sea un auténtico erial: el coñazo de Rajoy…

Pregúntele, pregúntele, señor Obama, al rey golpista español (en la actualidad el único que existe en su género en el amplio abanico de naciones que integran el mundo que usted dirige) en su íntima charla del día 17 de febrero, como piensa gestionar la salida al caos integral que se ha instalado entre los españoles y que empieza a amenazar ya su preciada corona; él que constitucionalmente debe coordinar y arbitrar las instituciones españolas, en estos momentos totalmente inoperativas y al borde del colapso. Porque en esta España que según el presidente Zapatero es el orgullo de la gran Europa; en este viejo país que, después de creerse durante años que era de verdad inmensamente rico y capaz de sobrepasar a alemanes y franceses, se afana ahora en fabricar mes a mes decenas de miles de mendigos y desesperados, la cosa está que arde. Muy fea. Y como sigamos por este camino (no hacen falta años, solo meses) el día menos pensado aparecerá por La Castellana, surgiendo del hambre, el hastío y el rencor, el numerosísimo ejército de parados reclutado en los dos últimos años por ZP, armados de palos, guadañas, navajas barberas, facas destripagabachos, barras de hierro, escopetas de caza… y demás adminículos ofensivos utilizados históricamente por la plebe para facilitar los cambios políticos traumáticos, dispuestos a pasarse por la piedra lo que sea, incluido el mismísimo palacio de La Zarzuela. Con el gusano franquista dentro. ¡Ah, y también, faltaría más, la modesta residencia aneja al anterior (800 millones de las antiguas pesetas) que, en virtud del artículo 47 de la sacrosanta Constitución española del 78, le correspondió en suerte al principito vaguetón!

Fdo: Amadeo Martínez Inglés
Coronel. Escritor. Historiador.

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